Un informe pericial en una inspección tributaria es un dictamen técnico que el contribuyente aporta al procedimiento para acreditar hechos, valores o cálculos que la Administración cuestiona. Su valor probatorio no es automático ni vinculante, pero sí real: la Administración debe valorarlo y, si lo rechaza, motivar por qué. Y el momento importa mucho: lo ideal es incorporarlo antes del trámite de audiencia, cuando todavía puede influir en la propuesta de regularización.
Muchos autónomos y pequeños empresarios descubren la utilidad de la pericia tarde, cuando el acta ya está firmada o la liquidación notificada. Este artículo ordena las ideas básicas: qué fuerza tiene el informe, en qué fases encaja, qué riesgos hay y cómo prepararse para que sea una prueba útil y no un papel más del expediente.
Qué valor tiene el informe pericial en una inspección
La Ley General Tributaria establece en su artículo 106 que, en los procedimientos tributarios, se aplican las normas sobre medios y valoración de prueba del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que la propia ley disponga otra cosa. Eso incluye el dictamen de peritos, cuya eficacia se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica. Además, el artículo 105 recuerda que quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo, lo que convierte la actividad probatoria del contribuyente en una pieza central de su defensa.
En la práctica, esto significa tres cosas:
- El informe es un medio de prueba reconocido, no una mera opinión de parte. La Administración no puede ignorarlo sin más.
- No es vinculante. El actuario puede apartarse de sus conclusiones, pero si lo hace conviene que explique en qué se basa y qué método alternativo aplica.
- Su fuerza depende de su calidad. Un informe con método claro, datos verificables y conclusiones motivadas pesa mucho más que uno genérico.
Hay que subrayar un matiz: la Administración es una parte más en el procedimiento, con su propio criterio técnico, y el contribuyente tiene derecho a contradecirlo con medios de prueba. De hecho, el artículo 34 de la Ley General Tributaria reconoce el derecho a alegar hechos y aportar documentos en el procedimiento, que deben ser tenidos en cuenta al redactar la propuesta de resolución.
Cuándo aportar el informe pericial en la inspección tributaria
La inspección sigue un recorrido conocido: comunicación de inicio, requerimientos y diligencias, trámite de audiencia, acta con propuesta de regularización y, después, liquidación. El momento en que se aporta el informe cambia su utilidad. Para una orientación práctica sobre la defensa en una inspección de la AEAT, estas son las fases clave.
Durante las actuaciones, antes de la propuesta
Es el mejor momento cuando la discrepancia ya se intuye. Si el actuario cuestiona un valor, la deducibilidad de un gasto o la calificación de una operación, un informe aportado en esta fase permite que el equipo inspector lo analice antes de decidir qué propone. Evita, además, que la propuesta nazca ya con una tesis cerrada.
En el trámite de audiencia y alegaciones
Si la propuesta ya existe, el informe puede acompañar a las alegaciones. Todavía tiene recorrido, pero el margen es menor y los plazos son cortos, normalmente de diez a quince días según el trámite. Por eso conviene tener al perito identificado y la documentación ordenada antes de que llegue la notificación, no después.
Tras el acta o la liquidación
Si se firma un acta de conformidad, la capacidad de discutir los hechos queda muy limitada. Si es de disconformidad, el informe puede aportarse con las alegaciones posteriores y, después, en la vía de recurso o reclamación. La prueba pericial judicial permite, finalmente, llevar el dictamen al contencioso con la posibilidad de ratificarlo ante el tribunal. Cuanto más tarde se aporta, mayor es el riesgo de que se reproche su extemporaneidad y menor la posibilidad de influir en el resultado.
Cuestiones en las que suele aportar más
El informe pericial en una inspección tributaria es especialmente útil cuando el debate es técnico y cuantitativo:
- Valoraciones. Transmisiones de participaciones, inmuebles o ramas de actividad en las que el valor declarado y el comprobado difieren.
- Operaciones vinculadas. Justificación de precios de mercado entre empresas del mismo grupo o entre socio y sociedad.
- Gastos deducibles. Acreditación de la realidad y la necesidad de servicios cuestionados, con reconstrucción documental.
- Regímenes de estimación. Cuando la Administración recurre a estimación indirecta o a márgenes sectoriales, un análisis de los datos reales puede rebatirlos.
- Cuantificación de la regularización. Cálculo de cuotas, intereses y posibles sanciones para detectar errores aritméticos o de criterio.
Cómo preparar el terreno para que el informe sea útil
Un informe pericial no sustituye a una documentación deficiente. Antes de encargarlo, merece la pena reunir los contratos, facturas, extractos, declaraciones y comunicaciones del periodo inspeccionado, así como el expediente (requerimientos, diligencias y escritos de la inspección). También es útil elaborar una cronología sencilla: qué se pidió, cuándo se contestó y qué se discutió en cada reunión.
El perito necesita además conocer con precisión qué se le pregunta. Un encargo claro, por ejemplo determinar el valor de mercado de unas participaciones en una fecha concreta o recalcular un margen bruto con los datos reales de un ejercicio, produce un informe más contundente que un encargo difuso del tipo comprobar si Hacienda tiene razón.
Un ejemplo hipotético
Imagina, con cifras inventadas y solo a modo ilustrativo, un pequeño empresario al que la inspección regulariza un gasto por servicios de consultoría de un socio, alegando que no consta la prestación efectiva. Si el contribuyente solo aporta facturas, el debate se queda en la documentación formal. Si presenta un informe que reconstruye los trabajos realizados, los entregables y la comparación con precios de mercado, la discusión se desplaza a hechos acreditables. El resultado final no está garantizado, pero la posición del contribuyente mejora porque la Administración debe rebatir datos concretos y no una simple negativa.
Riesgos y límites que conviene conocer
- La extemporaneidad. Un informe aportado cuando el procedimiento ya está cerrado puede no ser tenido en cuenta en esa fase.
- La falta de independencia. Si el perito es el mismo asesor que preparó las declaraciones cuestionadas, su objetividad puede ser puesta en duda.
- La contradicción con la contabilidad. Un informe cuyas conclusiones chocan con los libros oficiales exige una explicación muy sólida.
- Las expectativas excesivas. Ni el mejor informe garantiza que la Administración cambie su criterio; su objetivo es mejorar la defensa y dejar una base sólida para el recurso.
Coordinación con la defensa jurídica
El informe pericial funciona mejor integrado en una estrategia más amplia. El abogado decide qué alegar, cuándo y con qué prueba; el perito aporta la parte técnica. Una segunda opinión experta sobre la propuesta de regularización puede ser también un primer paso razonable para decidir si compensa encargar un informe completo. Para coordinar ambos planos, conviene apoyarse en una defensa fiscal con LRB o en un equipo equivalente que conozca el procedimiento desde dentro.
Si tu actividad es hostelera y quieres ver cómo se plantea una inspección en ese sector, puedes revisar la guía sobre cómo actuar ante una inspección de Hacienda en hostelería y alojamientos turísticos.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio aportar un informe pericial en una inspección?
No. Es una decisión estratégica. Compensa cuando la discrepancia es técnica y la cuantía relevante; si la controversia es meramente jurídica, el peso está en las alegaciones y en el recurso.
¿Puede la inspección rechazar el informe?
Puede apartarse de sus conclusiones, pero debe valorarlo y razonar su decisión. Un rechazo sin motivación suficiente puede ser un argumento en la vía de recurso.
¿Qué pasa si lo aporto después de firmar el acta de disconformidad?
Aún puede presentarse con las alegaciones posteriores y en las fases de revisión, aunque con menor capacidad de influir en la propuesta inicial. Cuanto antes se aporte, mejor.
¿Sirve el mismo informe para la vía administrativa y la judicial?
Con las adaptaciones necesarias, sí. Un informe bien estructurado puede ratificarse y ampliarse en el contencioso si fuera preciso.
Conclusión
El informe pericial en una inspección tributaria es un medio de prueba legítimo y reconocido que refuerza la posición del contribuyente cuando el debate es técnico. Su valor depende de la calidad del análisis y, sobre todo, del momento: cuanto antes se integra en el expediente, más posibilidades tiene de influir. Planteado con independencia, método y una documentación ordenada, es una herramienta eficaz para defender los derechos del contribuyente con base en la ley.
Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado