Cuando la deuda ya está en vía ejecutiva

Cómo se llega hasta aquí

Cuando una deuda no se paga dentro del periodo voluntario, se inicia el periodo ejecutivo. A partir de ahí los recargos escalan en tres niveles:

• Recargo ejecutivo del 5 %, si se paga la totalidad antes de que se notifique la providencia de apremio. No devenga intereses de demora.
• Recargo de apremio reducido del 10 %, si se paga dentro del plazo que da la propia providencia. Tampoco devenga intereses.
• Recargo de apremio ordinario del 20 %, en los demás casos, y esta vez sí con intereses de demora.

La lectura práctica es clara: entre recibir la providencia y dejar pasar su plazo hay una diferencia del 10 % de la deuda más los intereses. Si el pago es posible, pagar dentro de ese plazo casi siempre compensa; y si no lo es, lo que procede es solicitar el aplazamiento antes de que la maquinaria siga avanzando.

Qué se puede discutir y qué no

En vía ejecutiva ya no se discute si la deuda estaba bien calculada: eso debió plantearse frente a la liquidación. Los motivos de oposición a la providencia de apremio son tasados y se refieren, esencialmente, a la extinción o prescripción de la deuda, la solicitud de aplazamiento en periodo voluntario, la falta de notificación de la liquidación, su anulación y los defectos que impidan identificar al deudor o la deuda.

Parece poco margen, y sin embargo uno de esos motivos —la falta de notificación válida de la liquidación— aparece con mucha más frecuencia de lo que cabría esperar, especialmente en deudas antiguas, cambios de domicilio no comunicados o notificaciones electrónicas de personas que ni sabían que estaban obligadas a recibirlas.